Aun cuando el gobierno ha sido errático sobre la cotización adicional, esta reforma, a diferencia del resto, ha tenido en general un mejor trabajo prelegislativo.
LA REFORMA previsional en curso tiene diferencias sustanciales respecto al resto de las implementadas durante esta administración. Desde luego, no formó parte del programa de gobierno -que a estas alturas algunos se esfuerzan por olvidar-, y sería el único cambio de fondo en materia de políticas públicas cuyo diseño ha sido supervisado desde su origen por el actual equipo económico, con el ministro Valdés a la cabeza.
Además, el gobierno ha optado esta vez por un camino distinto al seguido en el resto de las reformas, ya sea por el fracaso de estas o bien por la presión que impone la baja popularidad, o una combinación de ambas. A pesar de que tuvo su origen, a semejanza de otras reformas, en una marcha, el llamado en esta oportunidad ha sido buscar un acuerdo nacional, realizar un trabajo técnico profundo, escuchar a todos los actores -no solo a los manifestantes- y materializar un trabajo prelegislativo serio e inédito para la Nueva Mayoría.
Varias propuestas han comenzado a emerger de este proceso y comienzan a ser consensuadas. Por ejemplo, usar una sola tabla de mortalidad, que evitaría perjudicar a las mujeres debido a su mayor esperanza de vida y, como consecuencia, les permitiría acceder a una jubilación equivalente a la de los hombres. Otra idea que a pesar de los costos políticos de implementarla gana popularidad, es la de aumentar la edad de jubilación de las mujeres. Es necesario revisar este parámetro clave -que hoy está en los 60 años- porque reduce la cantidad de cotizaciones que al final se dispondrán para la jubilación y sobre todo porque las mujeres tendrán, según el INE, una esperanza de vida de 82 años (para el periodo 2015-2020), mientras en el caso de los hombres será de 77 años. Es decir, las mujeres, en la actualidad, ahorran menos tiempo para usar esos recursos en un plazo más largo que los hombres.
Lo que sin duda se ha vuelto central en la discusión previsional es el destino del 5% adicional del aumento de la tasa de cotización. Aunque se percibe como transversal la necesidad de subir la tasa de cotización -algunas instituciones han apuntado a un aumento mayor- aún persisten las diferencias en relación al destino de este incremento. El gobierno ha anunciado la creación de un cuarto pilar, llamado Pilar Solidario Colectivo, que recibiría una fracción del aumento en las cotizaciones. No obstante, de concretarse un aumento en las cotizaciones cuyo destino sea financiar gasto social transformaría la actual propuesta en un impuesto al trabajo, que necesariamente tendrá efectos negativos en el ya débil mercado laboral chileno. Cabe señalar que el 56% de los chilenos espera que el total del aumento vaya a las cuentas individuales, según una encuesta de Cadem del mes de octubre.
Aunque todavía es incierto el resultado que tendrá el proceso de reforma previsional, al menos es posible apreciar un cambio en la forma de abordar la discusión y los fundamentos técnicos con los que ha avanzado el trabajo prelegislativo. Es de esperar que el proyecto final esté acorde con el buen ejercicio de discusión previa y que se aleje del sello de improvisación y mala factura del resto de las reformas.
Fuente: La Tercera