Ex ejecutivo de Codelco, Antofagasta y BHP Billiton llama a zanjar las reformas que rondan al sector.

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Un trabajo conjunto para alcanzar los objetivos comunes entre los privados y el Estado es lo que solicita el ex presidente ejecutivo de Codelco y quien fuera hasta hace poco presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández.

Considerado uno de los hombres más experimentados del mundo minero -y que hoy está abocado a su labor como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)- llama la atención sobre la falta de una mirada de largo plazo en el sector y la carencia de incentivos para fomentar la inversión extranjera; situación que dista de la de Perú donde el gobierno entrante ya ha dado luces de fomento a la minería.

“Las mineras tienen que reducir sus costos, ser más productivos y competitivos, pero también el Estado tiene que ayudar. Si la obtención de un permiso se redujera de tres años a uno, con los mismos estándares y las mismas exigencias, naturalmente la empresa sería más eficiente”, advierte.

En este sentido, también llama a zanjar los proyectos de ley que impactarán en la normativa del sector. Para Hernández, el tema de las reformas “hay que zanjarlo (…) y si finalmente no se puede hacer más minería en Chile es bueno saberlo. Hay que saber hasta dónde se puede llegar”.

Hernández expondrá sobre este tema en el próximo foro Voces Mineras, que se desarrollará en Santiago el 4 de agosto y que organizan la asociación gremial Voces Mineras y el Colegio de Ingenieros.

¿Hoy Chile tiene una política pública definida para el desarrollo de la minería?

-La política pública muchos años atrás estaba basada en la atracción del capital extranjero, y para eso había varios mecanismos y efectivamente hubo un ciclo importante de inversiones -en la década del 90 hasta 2004- donde se hicieron varios proyectos, y posteriormente se siguió invirtiendo pero más bien con el resultado de mantener la producción que se había alcanzado. En la medida que hubo esta inversión se fueron sacando algunos de los incentivos para atraer el capital extranjero, porque se consideró que no era necesario, y el último cambio importante que se hizo fue derogar el DL 600. Entonces, hasta ahora la política era que el país ofrecía suficiente atractivos y estabilidad como para que no fuese necesario poner incentivos específicos a la atracción de la inversión minera.

¿Y con el ciclo actual esa estrategia es válida?

-En el corto plazo no es necesario atraer la inversión extranjera porque no hay inversión extranjera en minería en este momento. Lo que sí es importante es preparar el terreno para volver a atraer la inversión cuando la coyuntura de mercado cambie.

Hoy Perú está creciendo en cuanto a producción minera, no así en Chile. ¿Cómo se explica esto?

-Son yacimientos que fueron descubiertos antes y ahora se desarrollaron. En Perú hay un par de proyectos que se podrían desarrollar y ahí vamos a quedar en igualdad de calidad de yacimiento con Chile. Es decir, los últimos proyectos de Perú corresponden a proyectos competitivos que no habían sido desarrollados. De aquí para adelante, la calidad de los proyectos que va a haber en Perú después de estos dos o tres adicionales que podrían eventualmente desarrollarse son equivalentes a los de nosotros, en cuanto a calidad del yacimiento y ahí va a empezar a contar el resto: riesgo país, las comunidades, la facilidad para obtener los permisos, etc. Y acá en Chile no hemos hecho nada para volver a traer inversión extranjera en minería, no hemos hecho ningún esfuerzo especial en la minería y en Perú creo que sí lo van a hacer.

Entonces, ¿en el futuro será más interesante invertir en Perú que en Chile?

– Si es que nosotros no reaccionamos, probablemente. En Perú hay un cambio de gobierno ahora y PPK ha hecho algunos anuncios de que quieren continuar con la inversión minera, que es importante. Se comenta que van a establecer algunos mecanismos de atracción de capital extranjero, tipo depreciación acelerada y el tema impositivo también, pero vamos a ver.

¿Con los incentivos adecuados la producción peruana podría superar la chilena?

-No creo porque el diferencial es muy grande todavía, serían muchos años de inversión allá y de no inversión acá.

¿Hoy dónde se podrían poner los incentivos para que una vez que se recupere el cobre la inversión se destine a Chile y no a otras partes de la región?

-Creo que lo que el inversionista quiere son reglas claras, somos una industria de uso intensivo de capital, con pay back de los proyectos relativamente largos. Quieren reglas claras para poder obtener los permisos y estabilidad en los primeros 10 o 15 años del proyecto para poder pagar la inversión y disminuir el riesgo de la inversión.

Lo que se nos ha complicado es que cada vez se ha puesto -con buena intención- más regulación en los temas ambientales, en los temas tributarios, y esa legislación es compleja y traba la inversión, sobre todo en el tema de permisos. Se pueden seguir los mismos objetivos, los mismos resultados con una legislación que te permita más agilidad y acortar los tiempos de la obtención de los permisos.

La llamada permisología ha sido sacada a la palestra varias veces, ¿se ha logrado avanzar en el Gobierno?

-Creo que hay conciencia de que hay que hacer estas cosas, pero todos saben que los resultados no serán de corto plazo, serán de largo plazo, y como estamos en una coyuntura compleja da la sensación que el Gobierno no tiene tiempo para dedicarle tiempo a temas de largo plazo y le dedican el tiempo que tienen y el esfuerzo que tienen a temas que son de corto plazo. ¿Qué va a pasar? Hoy día prácticamente no hay inversión en proyectos nuevos en cobre, o muy poco, en algún momento esto se va a reactivar, en uno, dos o tres años más, y va a haber apetito por ejecutar proyectos de cobre, pero va a haber más proyectos que recursos, entonces los primeros proyectos que se hagan se van a hacer en los lugares que ofrezcan las mejores garantías, y en este momento, si vemos la legislación actual, la manera en que está funcionando el sistema, Chile no es el país más atractivo o que da las mejores facilidades, a pesar que los proyectos chilenos son competitivos con los que hay en otras geografías.

Sobre las reformas que afectan al sector minero, ¿cómo afecta esto a la inversión?

-Todos son temas que hay que aclarar definitivamente, no pueden quedar en el aire como la ley de glaciares y agua, para saber con qué puedes contar. Donde se ha avanzado es en la discusión con la relación con las comunidades y nuevos modelos para enfrentar eso, y ya algunas empresa lo están empezando a hacer. Entonces, la empresa prefiere que proyectos como la ley de glaciares se zanjen y no se posterguen, como lo propuso el Ministro Valdés para aquellos proyectos que generan incertidumbre para la inversión. Creo que eso hay que zanjarlo y que sea lo que sea porque si finalmente no se puede hacer más minería en Chile es bueno saberlo. Hay que saber hasta dónde se puede llegar, estoy hablando de todos los actores: las empresas mineras tienen que saber que hay ciertos sectores que no se van a poder explotar y es bueno tenerlo claro, y el resto de la sociedad y ONG. Esas reglas tienen que quedar claras.

¿Ha faltado apoyo político para zanjar este tema?

-Creo que esto es un tema que se viene arrastrando hace tiempo. Los gobiernos que hemos tenido no han tomado posición definitiva para zanjar estos temas.

¿Ha faltado protección a la empresa chilena por parte del estado?

-Hoy todos se sorprenden porque bajó el precio y las mineras no están pagando impuesto, y no están pagando impuesto porque no están ganado plata; entonces tienen que reducir sus costos, ser más productivos y competitivos, pero también el Estado tiene que ayudar a hacerte más competitivo. Por ejemplo, que la obtención de un permiso se redujera de tres a un año, con los mismos estándares y las mismas exigencias. Así, naturalmente que la empresa sería más eficiente tanto para el inversionista como para el Estado, que va a poder recaudar más. Entonces creo que este tema de la productividad y competitividad, y así se ha visto en el programa de productividad y competitividad del Gobierno, es responsabilidad de todos.

Fuente: El Pulso