Un dictamen de la entidad fiscalizadora desató el enfrentamiento entre ambas instituciones sobre cuál es el rol de empresa del mayor productor de cobre del mundo.

Una inédita investigación de la Contraloría General de la República a los procesos de desvinculación y pagos compensatorios de Codelco, generó un verdadero remezón al interior de la cuprífera.

Los más de $500 millones que recibió el ex director de la minera, Augusto González, por concepto de indemnización para abandonar la compañía en 2015, dio pie para que la entidad fiscalizadora, que lidera el contralor Jorge Bermúdez, emitiera un dictamen que cuestionaba el proceso de desvinculación y ponía en entredicho el rol de empresa de Codelco.

El dinero correspondería a un incentivo para que Gonzáles dejara la minera, tras su paso que se extendió entre agosto de 2012 y mayo de 2015, y responde al plan de retiro voluntario vigente desde 2012 para la división Chuquicamata.

La entidad fiscalizadora cuestionó distintos aspectos del retiro de González, entre ellos que la estatal mantenga una “doble cobertura ante la contingencia del término de la relación laboral”, al aplicar el mecanismo que establece la ley y paralelamente fija condiciones distintas en sus planes de retiro. Junto con ello, criticó un contrato de asignación directa con la firma Hatch Ingeniería.

¿Qué rol de empresa tiene Codelco?

Este fue uno de los temas que más encendió el debate desde diversos sectores y expertos.

Los primeros en reaccionar fueron el presidente del directorio de Codelco y el presidente ejecutivo, Óscar Landerretche y Nelson Pizarro, respectivamente, quienes en una entrevista con El Mostrador aseguraron que el dictamen “pone en cuestión todo el modelo de gestión que hemos tenido en Codelco”, asegurando que esta resolución muestra que “no tenemos facultades para hacer negociaciones colectivas con los trabajadores y lo que aplica es normativa para funcionarios públicos. Y eso devela el problema de fondo: vamos a tratar a Codelco como una empresa o como un servicio público”.

Un dictamen posterior, la Contraloría en una forma de disipar las dudas respecto al punto anterior, manifestó que “de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos. Menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública”.

No obstante, enfatizó que “Codelco, como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos, lo que implica una gestión eficiente y eficaz que responda al interés general de la entidad por sobre el particular”, dice el nuevo dictamen.

En esa línea, añadió que “esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad”, sostiene el texto.

Este fin de semana, Pizarro en una entrevista con el diario El Mercurio golpeó la mesa y pidió despejar cualquier duda.

“Debe aclararse qué somos en Codelco, si empresa o un servicio público. Porque yo entré a una empresa minera (…) Yo estoy muy contento haciendo esta pega y espero que todas estas ambigüedades sean resueltas a la brevedad y que podamos estar ciertos que estamos gestionando una empresa. El concepto clave aquí es ‘empresa’, ‘empresa minera’ y ‘empresa competitiva’. Si no fuera así y uno sintiera que las tendencias van a que esto sea más un servicio público que una empresa, yo no tengo ninguna competencia para gestionar un servicio público, no tendría nada que hacer aquí”, planteó.

El ejecutivo añadió que “hay un gobierno corporativo que me dice ‘señor, haga esto’ y un Estado que pide plata. Esa es mi cancha. La pelea del sacristán con el cura o el obispo no es mía”.

Respecto a los incentivos en los planes de retiro, que cuestionó la Contraloría, Nelson Pizarro dijo que “nosotros competimos con empresas privadas; debemos tener las mismas herramientas que las que tienen los otros. ¿Por qué me van a exigir resultados de empresa privada, costos de empresa privada, resultados de empresa privada si no tengo las herramientas para generarlas, si no tengo las tecnologías, la calidad de los profesionales? La gente siempre dice ‘¿por qué se les paga tanto?’ Y respondo: porque ese es el estándar de referencia”.

La preocupación del Gobierno

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, expresó la preocupación que hay en el Gobierno por los efectos que pronunciamientos de la Contraloría General de la República en la gestión de las empresas públicas, los que a su juicio incidirían en un escenario de incertidumbre entre altos directivos de esas compañías.
“Como gobierno estamos preocupados y ocupados de que las empresas públicas mantengan siempre en Chile una gestión proba primero, eficiente y eficaz”, afirmó Valdés.

El jefe de las finanzas públicas agregó que en los últimos meses la entidad fiscalizadora “ha tenido una serie de pronunciamientos que cambian significativamente la interpretación que existía hasta ahora de varios aspectos que tienen relación a cómo se manejan las empresas públicas, cómo es una buena administración de las empresas públicas”, comentó.

Sostuvo que en las últimas semanas recibió numerosas preocupaciones, tanto de presidentes, directores y gerentes de estas compañías “por el efecto que estos dictámenes podrían tener en la gestión eficiente de las empresas”.

En esa línea, enfatizó que “en una serie de reuniones que hemos tenido a distintos niveles, más técnicos, menos técnicos, desde marzo de este año. Específicamente, hemos pedido a la Contraloría que clarifique un conjunto de situaciones que a nuestro juicio ponen en riesgo una adecuada administración de las empresas públicas”.

Fuente: ChileMinero