Por Miguel Schloss. Si bien el caso chileno no reviste la seriedad de otros países mineros, la porfía con que se mantiene la dificultad en mejoras de productividad y diversificación, e indicios de que ha habido instancias de corrupción, son síntomas de temas pendientes en los que enfocarse.

La problemática: el meollo del debate minero suele girar, equivocadamente, en torno al control que debe ejercer el gobierno y al cobro de tributos en el sector. Mientras, por ejemplo, Zambia exige una participación significativa del gobierno en empresas mineras y altos tributos, en Chile se ha enfatizado la generación de condiciones auspiciosas de atraer capital para extraer riqueza del subsuelo. Ello explica cómo Chile y Zambia producían la misma cantidad de cobre en 1970, y que hoy -sin embargo- producimos más de 67 veces que Zambia, con consecuentes impactos macroeconómicos en ambos países.

Como el sector requiere mucho capital, su desarrollo tiende a depender de cuantiosas inversiones extranjeras, haciéndolo presa fácil de crecientes exigencias nacionales y competitividad internacional. Al mismo tiempo el tema tiene complejas aristas, ya que países dependientes de industrias extractivas tienden a tener un desempeño económico más pobre y bajos rankings de gobernabilidad, donde se concentran altos niveles de corrupción.

Si bien el caso chileno no reviste la seriedad de otros países mineros, la porfía con que se mantiene nuestra dificultad en mejoras de productividad y diversificación, e indicios de que se han venido dando instancias de corrupción, son síntomas de temas pendientes en los que nos debemos enfocar.

Además, la controversia recurrente en torno a los impuestos sigue tiznando la preocupación de la contribución del sector minero al desarrollo. Pero en ningún caso el rol del sector debe reducirse al pago de tributos, ya que los ingresos deberán ser administrados de manera efectiva y transparente para reinvertirse en el desarrollo de los recursos humanos y físicos del país.

Competencia internacional: nuestro desafío es poder operar en un mundo más globalizado, de mayores exigencias, competitividad e integración. La era de proyectos mineros enclaves ha terminado y las actividades del sector están sujetas a una mayor fiscalización, tanto ciudadana como gubernamental.

Un esfuerzo entre la ciudadanía, empresas mineras y gobierno será imprescindible para aumentar las exigencias mutuas y un mejor uso de recursos, incluyendo el aumento de su contribución al desarrollo económico, una distribución equitativa de beneficios, la creación de empleos en industrias derivadas, y el estímulo de nuevas inversiones en un clima competitivo.

Los países que cuentan con recursos mineros han enfrentado estos desafíos y algunos han logrado atraer inversiones tras llevar a cabo importantes reformas. Estas requieren de una readecuación del papel del Estado. En vez de actuar como dueño y operador de las minas, su papel emergente es el de regulador y árbitro del sector. Las inversiones y la responsabilidad de operar las minas deben situarse en el sector privado, que está mejor equipado para movilizar recursos y asumir los riesgos correspondientes. Los países que han instituido tales reformas han logrado resultados impresionantes, en producción minera, generación de ingresos fiscales, exportaciones y crecimiento económico.

Implicaciones en Chile: si bien Chile ha adoptado en forma estelar las mencionadas políticas, la mera adopción de políticas similares en otros países y las dificultades de nuestra institucionalidad a asimilar nuevos temas como el medioambiente, minimizando la discrecionalidad, han ido erosionando su posición competitiva relativa, bajando el país en el ranking de los “top 10” en 2008 al lugar 39º en recientes encuestas de empresas mineras del Instituto Fraser. Ello muestra algunas vulnerabilidades que merecen atención:

1. La falta de ductibilidad del desarrollo institucional para asumir nuevas demandas al sector, como impactos ambientales, e implicaciones en la predictibilidad y ambiente para futuras inversiones.

2. Las posibilidades de contribución de la minería al desarrollo del país, con fondos administrados por el sector privado o sociedad civil, sin socavar mejoras de productividad en el sector.

3. El apoyo menguado del sector minero, especialmente de empresas extranjeras en los ambientes políticos, que las hacen vulnerables a mayores demandas nacionales, y falta de incorporación de inversionistas chilenos y medidas que ayuden a alinear los intereses de dichas empresas a la ciudadanía.

Por ello debe ponerse creciente atención a las implicaciones de los tributos mineros en la gobernabilidad del país, ya que los ingresos provenientes de recursos naturales tienden a generarse “fácilmente”, motivando gastos menos disciplinados. Ello puede generar intereses creados que constituyen barreras a reformas para adaptarse a situaciones globales cambiantes, socavando incentivos para la responsabilidad y eficiencia estatal, como también la generacion de una industria de servicios y equipos de clase mundial, que apoye al sector minero, tanto chileno como global.

*El autor es presidente de Suriinvest Ltda.; ex director ejecutivo de Transparency International y ex director de planificación corporativa del Banco Mundial.

 

Fuente: El Pulso