Por Claudio Bonilla, Ph.D. Es de esperar que el Ministerio de Hacienda se incline por criterios técnicos a la hora de las definiciones finales.
Es una muy buena noticia que el Ministerio de Hacienda esté preparando un nuevo régimen de inversiones para las AFP, que les permita invertir una fracción acotada de sus fondos en activos alternativos. Si todo funciona como se espera, durante el 2018 o quizás antes, las AFP podrán invertir en instrumentos de sociedades concesionarias de infraestructura, sociedades inmobiliarias, e incluso es probable que puedan invertir en activos de capital de riesgo, entre otras alternativas.
Esta flexibilización busca poner al día el portafolio de inversiones de las AFP con el avance del mercado financiero y el desarrollo empresarial local y global, pues lo que se busca, finalmente, es permitir a las AFP formar una combinación de inversiones que mejore los retornos esperados de sus fondos y así generar mejores pensiones para sus afiliados.
Es en esta búsqueda de mejorar las pensiones que la definición de nuevos instrumentos y sus correspondientes límites de inversión juegan un papel importante en la pensión final, pues son un parámetro clave a la hora de proyectar las pensiones futuras.
En la actualidad, el principal problema del mercado de las pensiones es la dificultad para mover el resto de los parámetros clave que definen las pensiones futuras como son: la edad de jubilación, la tasa de cotización y los sueldos que paga el actual mercado laboral. Dichos parámetros son los que terminan por cerrar la ecuación. Se ven esfuerzos gubernamentales en tratar de afectar algunos de estos parámetros, pero a mi juicio dichos esfuerzos van en la dirección contraria a lo requerido.
Veamos, por ejemplo, la discusión sobre el 5% adicional de cotización que al parecer tendrían que pagar en parte (o quizás de forma completa) los empleadores. Dicho 5% es finalmente un impuesto al trabajo, como lo han dicho hasta el cansancio diversos economistas, ya que generará un ajuste a la baja en la demanda por trabajo, presionando una disminución de los sueldos de los trabajadores. Esto dificultará la contratación de nuevos trabajadores y lo que es peor, se perderán algunos empleos. Nadie serio puede pensar que dicho impuesto será neutro, inerme o que producirá brotes verdes.
Si dicho 5% no va al fondo de los trabajadores, el mejoramiento futuro de las pensiones ahora dependerá, en parte, de este mini sistema de reparto, que no ha funcionado en ningún lugar del mundo sin exigir de sobremanera las arcas fiscales, sobre todo en países con las perspectivas demográficas como el nuestro. Chile tiene una expectativa de vida comparable a cualquier país desarrollado y cuenta con una proyección poblacional de pirámide invertida en el mediano plazo.
Es de esperar que el Ministerio de Hacienda se incline por criterios técnicos a la hora de las definiciones finales. Al final del día todos sabemos que las leyes económicas no se pueden suprimir por decreto.
*El autor es profesor titular Universidad de Chile
Fuente: El Pulso