Ejecutivo busca que presentación de Chile Vamos no se admita a tramitación, o en su defecto, se declare inadmisible. Advierten que impugnación no plantea “cuestión de constitucionalidad” que corresponda a la competencia del Tribunal.
“Las competencias del Tribunal Constitucional (TC) son taxativas y de derecho estricto. Por ello, pretender que el Tribunal se pronuncie sobre cuestiones que le son ajenas vulnera la supremacía constitucional y la separación de poderes, distorsionando su naturaleza”. Este es uno de los argumentos del gobierno para que el TC rechace la admisión a trámite de los nuevos requerimientos presentados por parlamentarios de oposición al proyecto de reforma laboral.
Ayer el Ejecutivo presentó al TC sus “objeciones procesales” solicitando, en primer término, que no se admita a tramitación el requerimiento, proceso que hoy debe ser examinado por la entidad para ver si cumple con los requisitos formales mínimos.
De acuerdo al documento preparado por la Segpres, los alegatos referidos a un supuesto “desacato” por parte de la Presidenta Bachelet, no implica una cuestión de constitucionalidad, “y además constituyen acusaciones falaces, burdas e infundadas”.
Además, el gobierno aduce que los requerimientos son “improcedentes”, pues con ellos se pretende revisar una sentencia del Tribunal que es “inapelable”. Asimismo, advierten que buscan formular cuestiones de mérito político tales como cuestiones de estrategia legislativa -como el ingreso de una ley corta o del ámbito del veto presidencial- y definiciones propias de la iniciativa legislativa exclusiva de la Presidencia,
Otro de los argumentos del Ejecutivo es que los requerimientos carecen de una exposición clara de sus fundamentos, así como “tampoco justifican como tales preceptos violarían la Constitución”.
“Lo anterior, deja en evidencia que los requirentes se limitaron a efectuar una búsqueda automatizada de la palabra sindicato y sus derivaciones, sin atender el contenido de cada norma ni a su contexto”, dice el escrito.
Por último, acusa que los requirentes tampoco se hacen cargo de los efectos que se producirían de acogerse sus impugnaciones. “El texto final quedaría inconexo e lógico en su contenido”, reconoce.
Admisibilidad
Del mismo modo, desde el gobierno esperan que en caso que el TC admita a trámite el requerimiento, esta instancia la declare inadmisible el próximo jueves 14, ya que no cumpliría con los requisitos procesales para pasar a la discusión de fondo.
Según el gobierno, las observaciones presentadas por la Presidenta fueron despachadas el 23 de junio pasado, por lo que al momento del ingreso del requerimiento ya había vencido el plazo de cinco días dispuesto en la Constitución.
Además, un requerimiento presentado durante la discusión y posterior despacho del veto “sólo puede referirse a las observaciones o normas involucradas en dicho veto”, y en este caso, la oposición cuestiona normas que “ya fueron despachadas, conocidas y no impugnadas” en el primer despacho desde el Congreso el pasado 7 de abril, previo a la presentación del primer requerimiento.
Fuente: La Tercera